La Guerra Justa y la Ofensiva Pacifista contra la Soberanía
La atención nacional está
justamente abocada a la guerra en Irak, donde las fuerzas
armadas norteamericanas y aliadas están luchando
con bravura. Pero, simultáneamente, los Estados Unidos
se encuentran envueltos en una segunda guerra, igualmente
importante para la victoria: la batalla psicológica
por la opinión pública.
Ambas son difíciles. Ambas
son decisivas. Al mismo tiempo que nuestras tropas luchan
con coraje en Irak, las polémicas en torno a la guerra
justa y al “unilateralismo” norteamericano continúan.
El debate es de suma importancia, porque existe el peligro
de que mientras ganemos la guerra terrestre, perdamos la
batalla de las ideas en la opinión pública.
En efecto, en su apasionada búsqueda
de la paz a cualquier precio, algunos opositores de la guerra
pierden de vista importantes requisitos para la paz. Crean
un clima emocional que tiende a obstruir el razonamiento
claro y a distorcionar el debate. Admiten la posibilidad
de la guerra justa en teoría, pero parecen negar
que pueda haber razón suficiente para trabarla en
la práctica. Arguyen que los Estados Unidos no pueden
librar la guerra sin la aprobación de las Naciones
Unidas y condenan a los Estados Unidos por ser “unilateral”.
Semejantes argumentos parecen basados
en el empañamiento del concepto de soberanía
en general, mientras que por otra parte algunas de las prerrogativas
de la soberanía son atribuidas a una organización
internacional.
Tomando en consideración
la importancia fundamental de la guerra de ideas en curso,
la Sociedad Norteamericana de Defensa de la Tradición,
Familia y Propiedad – TFP presenta algunas de
las cuestiones relevantes sobre la guerra justa y la soberanía,
de acuerdo con los principios de la ley natural1 según
la filosofía Católica tradicional, aceptada
por los autores de las varias escuelas y presente en los
tratados clásicos sobre la materia.2
Desde luego, la paz es preferible
a la guerra, y se debe hacer todo lo posible para preservarla.
La guerra es una medida extrema que sólo debe ser
empleada cuando las alternativas razonables se han agotado
y al entrar en guerra, se deben observar todas las estipulaciones
de la guerra justa.3
La TFP norteamericana presenta estas
consideraciones con la esperanza de que ayuden a nuestra
Nación a alcanzar el consenso sobre principios fundamentales
que sustentan el concepto de soberanía de los estados
civilizados.
1. El Estado, siendo una sociedad
perfecta, es también la autoridad de última
instancia. No existe otra autoridad política superior
a éste.
El Estado es una “sociedad
perfecta”, o sea una sociedad que posee dentro de
sí misma todos los poderes necesarios para alcanzar,
legal y efectivamente, el fin para el cual fue establecido
y el derecho correlativo de ser obedecido por quienes
están sujetos a él. El Estado, pues, tiene
“autosuficiencia”. Tiene “la plenitud de
un orden comprensivo, esencialmente independiente de todo
otro orden del mismo tipo”.4
Como miembro de la comunidad de
las naciones, el Estado tiene obligaciones internacionales,
pero “el orden internacional es un orden de coordinación
y no de subordinación.”5
Las cortes internacionales y las
organizaciones de las naciones son legítimas y
útiles mientras sean aceptadas por los estados
miembros y respeten la plena soberanía de éstos.6
Dichas organizaciones internacionales, sin embargo, dependen
de los estados miembros para su existencia y no a la inversa.
Efectivamente, como “sociedades
naturales”7 los estados son anteriores
a las organizaciones internacionales, que son sociedades
“artificiales” o “convencionales”.
Éstas no se derivan directa y necesariamente de
la ley natural, porque su existencia no es requerida por
la naturaleza social del hombre, como es el caso, en cambio,
de los estados.8 Como sociedades artificiales o convencionales,
las organizaciones internacionales son establecidas libremente
por los estados, quienes forman parte de ellas o se retiran
de las mismas en la medida en éstas colaboren con
los estados miembros en el cumplimiento de sus fines o
los obstaculicen.
2. Un estado soberano está
habilitado para hacer valer sus derechos colectivos y los
de sus ciudadanos, que puedan ser violados o amenazados
por otros estados. De allí que un estado soberano
pueda entrar en guerra independientemente de cualquier autorización
proveniente de organizaciones internacionales cuando el
recurso al arbitraje internacional prueba ser insuficiente
o inadecuado para salvaguardar estos derechos.
Esta conclusión surge la anterior.
Al ingresar en una organización internacional, un
estado soberano no puede renunciar a las obligaciones que
constituyen su razón de ser, las cuales incluyen
la defensa de sus intereses legítimos en su calidad
de entidad política soberana y los legítimos
derechos e intereses de sus ciudadanos. Si el Estado no
pudiera recurrir a la guerra cuando el arbitraje prueba
ser insuficiente para salvaguardar sus legítimos
derechos e intereses, o si la guerra dependiera de la autorización
de alguna organización internacional, el Estado carecería
de todos los poderes necesarios para alcanzar legal y efectivamente
el fin para el cual fue establecido.
Privado de este poder, el Estado
realmente dejaría de existir como un estado soberano,
puesto que carecería de un atributo de la soberanía:
el poder de tomar sus propias decisiones con respecto
a los medios necesarios para alcanzar sus fines. Este
poder de decisión incluye necesariamente el derecho
a la coerción, o sea el derecho de imponer sus
decisiones por la fuerza. Sin el derecho de coerción,
la soberanía se convierte en una palabra vacía.
A nivel internacional, este derecho de coerción
se traduce en el derecho de hacer la guerra, que no es
sino “una instancia del poder general de coerción,
o sea hacer uso de la fuerza física para conservar
la inviolabilidad de los derechos”.9
3. Según la ley natural
la nación no necesita esperar un ataque injusto
para ejercer el derecho de defensa propia; una amenaza
seria y bien fundada es suficiente para que el país
amenazado se defienda mediante un ataque preventivo.
El derecho de defensa propia de
una nación abarca no sólo la respuesta a
un ataque a sus derechos y a los de sus ciudadanos, sino
también la anticipación ante una probable
agresión, por medio de un ataque preventivo. Dicha
acción preventiva es ofensiva sólo en apariencia.10
Si fuera ilegal que un gobierno frustrara
la agresión que fuentes confiables le permiten prever,
el legítimo derecho de defensa propia de la nación
se vería truncado. La experiencia muestra que poder
ser el primero en atacar es a veces la única manera
de sobrevivir a una agresión. Por lo tanto, de acuerdo
con la ley natural, es legítimo que un gobierno prevenga
un probable ataque, neutralizando por la fuerza al potencial
agresor cuando no hay otra alternativa.
En efecto, ningún país
tiene la obligación de exponer a sus soldados, a
su pueblo y sus recursos a un riesgo innecesario. En general,
esperar a que ocurra un ataque, provoca una mayor pérdida
de vidas y recursos, que atacar primero con el objetivo
de prevenirlo. Por ello, el país amenazado tiene
el derecho y, según las circunstancias, el deber
de evitar tales daños previniéndolos. Las
virtudes de prudencia, justicia e incluso caridad, requieren
esta acción de fuerza que los gobiernos deben ejercer
en la prosecución del bien común para su pueblo.
De allí que no sólo sea lícito sino
incluso imperativo en ciertos casos, trabar una guerra que,
como se explicó anteriormente, es ofensiva únicamente
en apariencia.
Este principio es plenamente válido
en la guerra moderna. Dada la existencia de armas de destrucción
masiva, el gobierno que esperara a que ocurriera un ataque
sería remiso en su deber natural de proteger a
su pueblo.11
4. Las naciones pueden usar la fuerza
no sólo en legítima defensa, sino para procurar
la reparación de bienes materiales o morales que
hayan sido violados, tales como el honor, o para ayudar
a aliados injustamente atacados o a naciones más
débiles. Obrando así, las naciones restablecen
el orden internacional y la verdadera paz.
Mientras que los individuos pueden
apelar a la autoridad pública para imponer o recuperar
sus derechos, el estado no dispone de este recurso porque
es la autoridad política superior. En consecuencia,
cuando los derechos de un estado y los de su pueblo no
pueden ser suficientemente asegurados de otra manera,
puede emplear la fuerza.12
La Historia demuestra que a veces,
la guerra es el único medio que el estado puede emplear
para mantener su propia seguridad y su supervivencia contra
ataques injustos o reclamaciones de otros estados o para
imponer derechos fundamentales a los que no puede renunciar
sin grave daño o deshonor.
El derecho de hacer la guerra, que
en ciertas circunstancias puede ser un deber, no sólo
abarca acciones militares estrictamente defensivas sino
que incluye también acciones ofensivas.
Las razones para una guerra ofensiva
están generalmente relacionadas con graves perjuicios
sufridos por el estado. Algunos de los ejemplos dados por
los filósofos católicos son: obligar a los
rebeldes a someterse, recobrar provincias o ciudades del
enemigo; vengar una ofensa grave cometida contra el jefe
de estado o contra la nación; castigar a otra nación
por ayudar a un enemigo injusto; ayudar a un aliado; castigar
a una nación por la violación de tratados;
procurar el restablecimiento de derechos asegurados por
la ley internacional que hayan sido violados.
Como se explicó anteriormente,
estas guerras son ofensivas sólo en apariencia;
en realidad, son defensivas.13 Estas guerras
buscan reinstaurar el orden internacional en la verdadera
paz. “La paz no es alterada por la declaración
de guerra sino por la violación de derechos de
orden jurídico, que torna realmente necesaria la
declaración de guerra”.14
5. La distinción entre guerra
defensiva y ofensiva es completamente secundaria. Lo que
importa es si la guerra es justa o no.
Las guerras ofensivas pueden ser
justas y las defensivas injustas. A veces, la nación
atacada es la verdadera responsable de la guerra y no la
nación que inicia el ataque. Cuando esto sucede,
la nación atacada reacciona mediante una guerra defensiva
que es injusta in causa, porque esa nación debería
haber evitado la provocación que condujo al ataque
original. Por lo tanto, la nación que inició
el ataque es sólo un agresor material, no formal.
No habría atacado si no fuera porque sus derechos
fueron injustamente violados. La nación atacante
no es responsable de una guerra que se tornó necesaria
por las acciones de otra.
En consecuencia, la distinción
entre guerra justa y guerra injusta no es idéntica
a la distinción entre guerra ofensiva y defensiva.15
6. La guerra justa no se opone a
la caridad; es un acto de caridad emprender la guerra para
liberar a un pueblo oprimido por un tirano.
La guerra justa no es contraria
a la virtud de la caridad. Todas las virtudes están
interrelacionadas armónicamente y no puede, pues,
haber colisión entre las virtudes de la justicia
y la caridad.16 En efecto, no se puede suponer
que Dios, el supremo Autor y Legislador de la naturaleza,
hubiera garantizado a los individuos el derecho de defensa
propia y a las sociedades el derecho de hacer la guerra,
al mismo tiempo que, por un imperativo de la caridad,
les prohibía el ejercicio de estos derechos. Si
así fuera, el derecho de defensa propia sería
inútil y absurdo. Semejante contradicción
no es lógica y repugna a la divina sabiduría.17
Además, la guerra justa
busca restablecer la paz, que San Agustín define
como “la tranquilidad del orden”.18 En este sentido,
la guerra justa puede ser vista tanto como un acto de
justicia como un acto de caridad social, llevado a cabo
a gran escala dentro de la familia de las naciones.
También es un acto de caridad
acudir en ayuda de pueblos injustamente oprimidos,19
porque “los inocentes tienen el derecho de resistir,
la caridad exige la asistencia y el estado interviniente
debe, en justicia, asumir el derecho de los inocentes
de ejercer la coerción extrema en su favor”.20
7. El principio de que deben agotarse
todos los medios pacíficos antes de recurrir a la
guerra no debe ser entendido de modo tal que cause una parálisis
indefinida. Esto sería equivalente a negar en la
práctica lo que se acepta en teoría, específicamente,
la legitimidad de la guerra.
Se puede discutir ad infinitum si
todos los medios pacíficos para evitar la guerra
han sido agotados, porque no existe autoridad con el poder
de tomar decisiones infalibles en estos asuntos. Tal autoridad
no está establecida por la ley natural, ni existe
tampoco por institución divina. Por tanto, en principio,
es incumbencia de las autoridades políticas responsables
de la declaración de la guerra, juzgar, de acuerdo
a la prudencia y los medios a su disposición, si
todas las soluciones pacíficas han sido agotadas
o no, y si se justifica el recurso a la guerra.
Asimismo, el requisito de que todos
los medios pacíficos sean agotados antes de comenzar
la guerra no se debe entender en un sentido tan estricto
que conduzca a la completa inacción. Cuando el hombre
está inmerso en la duda, no puede actuar. Mal aplicado,
este requisito puede llevar a un divorcio completo entre
los principios y la acción, negando en la práctica
la legitimidad de lo que se acepta en teoría. Así,
aunque legítima en teoría, la guerra nunca
sería legítima en la práctica.
Decir que una nación no puede
recurrir a las armas hasta que todas las posibles soluciones
pacíficas hayan sido intentadas, significa todas
las posibilidades razonables y prácticas. No significa
todas las posibilidades teóricas, cuyo número
es infinito.
8. El hecho de que la guerra no sea
un fenómeno inevitable como lo son las catástrofes
naturales no significa que la guerra pueda ser siempre evitada.
La paz es el más preciado
de los bienes y deben hacerse todos los esfuerzos posibles
para preservarla. “El orden, la paz y la armonía”
escribe Plinio Corrêa de Oliveira “son características
esenciales de toda alma bien formada y de toda sociedad
bien constituida…El orden genera tranquilidad y ‘la
tranquilidad del orden es la paz’”.21
Sin embargo, afirmar que toda y
cualquier guerra debe ser evitada es ignorar la historia
de la humanidad y la misma naturaleza humana. Es un pacifismo
utópico.22 Aún la creación
de un súper-estado o de una organización
supra nacional dotada de algunos de los atributos de la
soberanía no eliminaría la guerra, sino
que sólo transformaría el uso de la fuerza
en una guerra civil cuando tuviera lugar entre estados
miembros o en una acción policíaca punitiva
cuando fuera ejercida contra individuos o grupos sociales.23
9. Aunque los individuos pueden participar
en la vida pública y expresar sus opiniones con prudencia,
la última palabra sobre la guerra y la paz pertenece
al gobierno.
Son varias las razones por las que
el derecho de decidir sobre la guerra y la paz es una prerrogativa
del gobierno:
Quien está investido principalmente
del deber de defender un derecho es la persona que lo detenta
o que es su custodio natural. El Estado es el custodio natural
de los derechos de su pueblo. Siendo la guerra el ejercicio
del poder de coerción entre las naciones en legítima
defensa de sus derechos y de los derechos de su pueblo,
corresponde al Estado, a través de sus autoridades
competentes, decidir a favor o en contra de la guerra.
Salvaguardar los derechos de los
ciudadanos contra la agresión extranjera es generalmente
una cuestión de bien común, puesto que la
guerra afecta a todos. Por consiguiente, de acuerdo con
la ley natural, las decisiones acerca de la guerra y la
paz pertenecen a la autoridad responsable por el bien común,
que es el Estado.
La decisión última
sobre los asuntos públicos no puede ser dejada al
arbitrio de las masas. Los individuos están naturalmente
inclinados a velar por sus propios intereses, lo que dificulta
alcanzar el consenso sobre los medios o los fines en temas
de interés público. Pero en la conducción
de asuntos urgentes de interés general, la nación
necesita unidad, no pluralismo. Sólo la autoridad
común puede asegurar esta unidad y armonizar los
diferentes intereses. Por ello, las decisiones sobre materias
de bien común, especialmente las más graves,
corresponden en el estado a la suprema autoridad.
Por otra parte, sólo el gobierno
dispone de los medios para conducir la guerra con efectividad.
Generalmente, aquellos que tienen los medios son quienes
deben decidir cómo emplearlos. En consecuencia, la
decisión de emprender la guerra corresponde al gobierno.
Desde otro punto de vista, la guerra
implica obviamente riesgos para todo el país. De
acuerdo con la ley natural, es ilícito poner todo
un país en riesgo, como sucede en la guerra, sin
una causa proporcional. Ahora bien, la evaluación
de esta proporcionalidad requiere una amplia cantidad de
datos a los que obviamente el ciudadano común no
tiene acceso. Así es al gobierno a quien corresponde
decidir sobre la guerra y la paz, más que a los ciudadanos.
10. La Divina Providencia utiliza
las guerras entre los hombres para ejecutar los decretos
de su justicia. A pesar de su trágica naturaleza,
la guerra da lugar a la práctica de virtudes tales
como la fortaleza, la prudencia, la caridad, la abnegación,
el heroísmo y el patriotismo.
Las naciones
declaran la guerra entre sí por diversas razones.
Aún así, las guerras contribuyen invariablemente
a los designios de la Divina Providencia. En efecto, sin
infringir en modo alguno la libertad humana, la Divina
Sabiduría alcanza infaliblemente sus fines con
fortaleza y suavidad.24 Cuando Dios permite las terribles
calamidades que trae consigo la guerra, está llevando
adelante su plan divino para los hombres en el orden sobrenatural.
Las naciones, a diferencia de los individuos, no tendrán
vida eterna, por lo tanto son premiadas o castigadas en
esta vida.25 La Providencia hace uso de las
guerras emprendidas por los hombres para ejecutar los
decretos de su justicia, ya que las guerras tienen consecuencias
tanto para los individuos como para las naciones, consideradas
como grupos humanos. En ocasiones, Dios castiga a ciertas
naciones por medio de la acción de otras.26
A nivel individual,
Dios manifiesta su divina justicia y su misericordia de
numerosas maneras, incluyendo las guerras. Aunque no todos
los pecadores se convierten con los terribles sufrimientos
y privaciones causados por la guerra, muchos se arrepienten,
confiesan sus faltas y las expían. Por otro lado,
las personas virtuosas a menudo se tornan mejores. A pesar
de su trágica naturaleza, la guerra es una ocasión
para la práctica de virtudes tales como la fortaleza,
la prudencia, la caridad, la abnegación, el heroísmo
y el patriotismo. La muerte en el campo de batalla, aceptada
con conformidad sobrenatural, puede tener un gran peso
ante la justicia divina para expiar no sólo los
pecados individuales sino también los pecados colectivos
de las naciones.27
Este aspecto
sobrenatural no debe ser ignorado si se quiere comprender
la realidad de la guerra en su totalidad.
***
La guerra moderna tiene tal capacidad
de destrucción que uno podría preguntarse
si la guerra en sí no se ha tornado ilícita,
o al menos, si la doctrina clásica sobre la guerra
justa no necesita una revisión.
Se deben evitar los falsos dilemas
señalados adecuadamente por el Padre John Courtney
Murray, S.J.,: “Los falsos dilemas son: a) un pacifismo
blando versus un realismo duro y cínico; b) la
muerte atómica universal versus la rendición
completa… Estos perniciosos dilemas representan un
abanico de falsas alternativas que esconden la abdicación
de la razón moral y la sumisión a un determinismo
tecnológico”.28
Esta abdicación conduciría
a la muerte del orden moral y jurídico, incluyendo
la negación del derecho natural de defensa propia
y “el requerimiento de la ley natural de que el crimen
sea castigado y el derecho defendido”.29
El problema de las modernas armas
de destrucción masiva no radica en la justicia
de la guerra en sí, sino más bien en la
prudencia de ir a la guerra. Es preciso que las razones
para recurrir a la guerra sean de tal gravedad que resulten
proporcionales a la destrucción temida. “Existen
derechos y bienes, tales como la libertad o la independencia
nacional, que de acuerdo con el juicio de personas honestas
y rectas y el sentido común de la gente, merecen
ser defendidos al costo de soportar los horrores y la
destrucción de la guerra moderna”.30
Como lo expresa el Papa Pío
XII: “Entre estos bienes algunos son tan importantes
para la vida del hombre en sociedad, que su defensa contra
una injusta agresión es sin duda alguna enteramente
legítima. Por solidaridad, todas las naciones están
obligadas a participar en esta defensa y no pueden abandonar
a la nación atacada. La certeza de que este deber
no será descuidado, sirve como factor disuasivo
para el agresor, y por lo tanto, ayuda a prevenir la guerra,
o al menos, en el peor de los casos, a acortar sus sufrimientos”.31
Si esto no fuera verdad, tanto el
orden nacional como el internacional desaparecerían
y con ellos, la paz, porque el estado se vería impedido
de defender sus derechos y los de su pueblo, y se convertiría
en rehén del chantaje de poderes inescrupulosos.
***
La paz, como tal, es un bien invalorable
que debe ser adquirido y mantenido por todos los medios
honestos, puesto que la paz es “la tranquilidad del
orden”. Es el mayor de los bienes de las naciones en
el orden natural.
Todas las naciones están
obligadas a luchar por la paz verdadera, incluso si esto
significa, en determinadas ocasiones, ir a la guerra.
Ésta es la paz que deseamos para los Estados Unidos.
Suplicamos a María Santísima, Patrona de
nuestra patria en su Inmaculada Concepción, que
nos la obtenga de su Divino Hijo, el Príncipe de
la Paz.32
Que Dios garantice a los Estados
Unidos coraje en el peligro, constancia en la adversidad
y magnanimidad en la victoria.
25 de marzo de 2003
Sociedad Norte-Americana de Defensa de la
Tradición, Familia y Propiedad
